BUENOS AIRES. La Justicia federal avanzó este miércoles con una nueva etapa de la ejecución patrimonial de la condena dictada en la causa Vialidad al ordenar el embargo preventivo de distintos bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, una medida que también alcanza propiedades vinculadas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La resolución fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que hizo lugar al pedido formulado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola con el objetivo de preservar los activos mientras continúa el proceso de ejecución de la sentencia y un eventual decomiso de bienes.

EL DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ 1111, ENTRE LOS INMUEBLES EMBARGADOS

Entre los bienes alcanzados por la medida se encuentra el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente la prisión domiciliaria impuesta tras la condena en la causa Vialidad. También fueron incluidos inmuebles en Puerto Madero, propiedades en Río Gallegos, El Calafate y otros activos vinculados al patrimonio familiar.

No obstante, el embargo no implica el desalojo de la expresidenta ni el remate inmediato de la vivienda. Se trata de una medida cautelar destinada a impedir que esos bienes sean vendidos o transferidos mientras avanza el proceso judicial.

UNA ETAPA DE LA EJECUCIÓN PATRIMONIAL

La decisión forma parte del procedimiento iniciado para garantizar el eventual recupero del perjuicio económico determinado por la Justicia en la causa Vialidad. En esta instancia, el Tribunal busca asegurar la disponibilidad de los bienes hasta que se resuelva qué activos podrían ser decomisados para cumplir con la sentencia.

Además de las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner, la resolución también comprende bienes de otros condenados en la causa y distintos activos vinculados a sociedades investigadas dentro del expediente.

QUÉ CAMBIA CON ESTA RESOLUCIÓN

Desde el punto de vista jurídico, el embargo preventivo no modifica el régimen de prisión domiciliaria de la expresidenta ni altera, por el momento, la titularidad de los inmuebles alcanzados. La medida tiene como finalidad preservar esos activos mientras continúa el trámite judicial relacionado con la ejecución de la condena.