Lo que debía convertirse en uno de los recuerdos más importantes para los alumnos de sexto grado terminó transformándose en un conflicto que mantiene en vilo a decenas de familias de la institución educativa "General Antonio Donovan", en la localidad chaqueña.
Padres de estudiantes denunciaron que la plata recaudada durante varios meses para la compra de las remeras y buzos de egresados no habría sido abonado a la empresa encargada de confeccionarlos. La situación salió a la luz cuando comenzaron a advertir inconsistencias en los comprobantes de pago y retrasos en la entrega de la indumentaria.
EL RECLAMO DE LAS FAMILIAS
La denuncia tomó estado público luego de una reunión realizada en la Plaza Tacuarí, donde padres, docentes y representantes de otros cursos exigieron explicaciones a la mujer que había sido designada como delegada para administrar los pagos.
Según manifestaron los denunciantes, las cuotas fueron entregadas durante varios meses con la expectativa de que el dinero fuera transferido a la empresa proveedora. Sin embargo, al consultar el estado del pedido, descubrieron que gran parte de los pagos no habían sido acreditados. También aseguraron haber detectado comprobantes que, presuntamente, no correspondían a operaciones reales.
De acuerdo con la información aportada por las familias, el curso está integrado por 24 alumnos y el costo total de la indumentaria ronda los 3 millones de pesos, aunque en un primer momento circularon cifras superiores que luego fueron rectificadas durante el encuentro.
LA ACUSADA HABLÓ PÚBLICAMENTE
Tras la difusión del caso, Pamela, la mujer señalada por los padres, brindó declaraciones a medios locales.
Durante la entrevista (video: https://youtube.com/shorts/gJrq2s0qaU8?feature=share) reconoció haber utilizado el dinero que debía destinarse a la compra de la ropa de egresados y expresó: "Admití mi error".
También sostuvo que nunca tuvo la intención de perjudicar a los alumnos y aseguró que buscará reunir los fondos necesarios para devolver el dinero y cumplir con el compromiso asumido.
POSIBLES ACCIONES JUDICIALES
Mientras continúan las reuniones entre las familias y la acusada, algunos padres adelantaron que analizan iniciar acciones judiciales para recuperar el dinero.
Hasta el momento, no trascendió una resolución judicial sobre el caso ni una imputación formal. La situación permanece en una instancia preliminar y cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia, en caso de avanzar una denuncia.
UN HECHO QUE GENERÓ INDIGNACIÓN
El episodio provocó una fuerte repercusión en Chaco por tratarse de fondos destinados a una actividad escolar que representa uno de los momentos más esperados por los estudiantes.
Mientras las familias buscan una solución que permita garantizar la entrega de la indumentaria antes de finalizar el ciclo lectivo, el caso abrió un debate sobre los mecanismos de control y transparencia cuando particulares administran dinero recaudado para actividades escolares.
